Parteras indígenas exigen cambios a Ley de Salud de México para ser reconocidas


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EFE | México – 29 mayo, 2024

El Movimiento de Parteras del estado de Chiapas “Nich Ixim” (flor de maíz) denuncia la violencia institucional y la discriminación hacia las parteras tradicionales e indígenas por parte de profesionales de la salud, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, sureste de México.

Por ello, exigen al Gobierno del estado de Chiapas que armonice en la Ley Estatal de Salud los cambios introducidos en la reforma aprobada a la Ley General de Salud, entre ellos, la aceptación de las constancias propias de las parteras tradicionales y la pronta atención de las mujeres en los hospitales con urgencias obstétricas.

En México, según registros, existen más de 20.000 parteras tradicionales, 100 parteras profesionales egresadas y 16.684 licenciadas en enfermería y obstetricia, según datos del Instituto de Salud Pública.

Esta fuerza de trabajo ha sido fundamental en el acompañamiento de embarazos y atención a partos en comunidades, zonas rurales y ciudades, especialmente durante la emergencia sanitaria por la Covid-19.

Discriminación y racismo en el sistema de salud

“Los prejuicios, la discriminación y el racismo, por ser conocimientos empíricos y ancestrales, persisten por parte de profesionales de la salud”, expresa a EFE Rosalinda Pérez Roblero, partera del municipio Frontera Comalapa, quien tiene 65 años de experiencia en esta labor.

“Las parteras se desmoralizan por no seguir trabajando, pero la unión del grupo nos fortalece, continuamos luchando a pesar de la inseguridad y leyes que obligan a las embarazadas a tener su control prenatal para ser atendidas por médicos si hay complicaciones, eso no es justo”, expresa.

En una conferencia de prensa, este 7 de mayo, las voceras del Colectivo de Parteras Nich Ixim, con representación en 30 municipios del estado de Chiapas, con un total de 600 mujeres y hombres agremiados, manifiestan su preocupación ante la discriminación y el racismo que se vive en el sistema de Salud del estado.

“Vivimos discriminación y racismo por parte de las instituciones que no reconocen la partería tradicional e indígena como una opción adecuada y segura para las mujeres”, denuncian.

Reconocimiento del certificado de nacimiento de bebés

Exponen que el sistema de salud de México, a través de sus políticas públicas, pretende desaparecer esta práctica milenaria, además de acusar al IMSS Bienestar como una de las instituciones donde más trabas les ponen para ejercer la labor, violentando el derecho al trabajo.

Otras de las complicaciones que manifiestan las parteras es lograr el certificado de nacimiento de los bebés, pues las constancias de alumbramiento que ellas expiden no son aceptadas por el Registro Civil.

“A nosotras no nos dejan atender partos y por parte del Movimiento manejamos un formato que el Registro Civil rechaza dejando a niños y niñas sin su acta de nacimiento”, asevera a EFE Amalia Sánchez Gómez, partera tzeltal de Oxchuc, con 45 años de experiencia.

Relata que en febrero pasado una mujer murió por no ser atendida ni por una partera, ni por un médico. La mujer vivía a tres horas de la cabecera de Oxchuc, a cinco horas de la capital Tuxtla Gutiérrez y falleció por no tener atención pronta.

La delincuencia organizada pone en riesgo  a embarazadas

“Nosotras como parteras conocemos las necesidades de nuestras mujeres y niños, no es lo mismo estar sentada tras el escritorio, ellos no reconocen las necesidades y el sufrimiento de los indígenas”, indica.

Recuerda que también han denunciado que la violencia e inseguridad que se vive en el estado por los grupos armados y la delincuencia organizada ha puesto en riesgo la vida de mujeres embarazadas.

Mediante un discurso de Dora Méndez Alfonzo, vocera de la organización, las parteras demandan “el reconocimiento y dignificación de la partería tradicional como un derecho cultural y parte de la identidad de los pueblos”. Y piden, además, “el reconocimiento económico por parte de instituciones de salud”.

Exigen también un alto a la criminalización y persecución a la que son sometidas las parteras por cuidar los embarazos y partos en sus comunidades y barrios.



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