La CorteIDH aborda los efectos del cambio climático desde la perspectiva de género


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Efeminista – EFE | Brasilia – 8 junio, 2024

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha concluido sus sesiones en Brasil sobre el cambio climático con una audiencia volcada en analizar los efectos del fenómeno bajo una perspectiva de género, debido al impacto que genera en las mujeres y las personas LGBTI+.

Durante las tres sesiones realizadas en Manaos, en la Amazonía brasileña, la CorteIDH ha escuchado a organizaciones sociales, indígenas y académicas para elaborar una opinión consultiva solicitada por Colombia y Chile sobre la obligación de los Estados frente al cambio climático desde la perspectiva de los derechos humanos.

En el último día el debate se ha centrado en el impacto de la emergencia climática sobre las mujeres y también en las personas LGBTI+, reconocidas por el tribunal interamericano como unos de los más vulnerables en las sociedades de toda la región.

“Es evidente que la emergencia climática tiene unos impactos diferenciales y claros sobre mujeres, niñas, personas con capacidad de gestar y personas LGBTI+. Esto se da porque si de por sí ya tenemos unas desigualdades en la sociedad en el contexto de emergencia climática estás se van a volver incluso más crueles y más profundas. Ya hay evidencia científica que nos demuestra esto. La emergencia climática causa desastres naturales, causa degradación ambiental y usualmente todas estas situaciones terminan por hacer daño a la salud reproductiva”, explica a Efeminista Cristina Rosero, asesora legal senior del Centro de Derechos Reproductivos, una de las organizaciones que planteó este análisis a la Corte.

“Está comprobado que las olas de calor, la contaminación del aire, el uso de agrotóxicos, la contaminación en general del agua y del suelo genera daños en la salud materna, en la salud neonatal, causa bajo peso al nacer, complicaciones en los embarazos, más mortalidad neonatal y todo esto se traduce por supuesto que nuestras decisiones reproductivas tengan unos impactos muy claros a partir de la degradación ambiental”, agrega.

Señala que lo que le pidieron a la Corte es que “formule respuestas sobre qué deberían hacer los Estados de la región para tomar unas medidas positivas de modo que se evite que esas desproporciones contra las poblaciones históricamente discriminadas sean mucho más crueles durante esta emergencia climática”.

Los prejuicios acentuados después de cada desastre

Durante la audiencia final, la colombiana Yoko Ruiz, de la Liga Salud Trans, ha expuesto la forma en que la comunidad LGBTI+ sufre los desastres climáticos, no solo cuando se desatan, sino después de la tragedia.

“Los prejuicios de género operan de una forma más cruel después de la tormenta o la inundación, porque los estigmas se refuerzan y suelen restringirnos hasta el acceso a la ayuda humanitaria”, ha manifestado.

Karina Trujillo, del grupo Akãhatã, que trabaja en Honduras y Guatemala, ha añadido que esas situaciones se han presentado en diversos desastres ocurridos en las últimas décadas en toda Centroamérica, entre los que ha citado el huracán Mitch (1998) y la tormenta Agatha (2010).

La colombiana María Camila Cruz, de la Universidad de Los Andes, lo ha atribuido a la discriminación impuesta por “patrones machistas”, que afectan también a mujeres “que tienen asignadas unas labores de cuidados” que se dificultan “mucho más” tras un desastre ambiental.

La responsabilidad de las empresas y los agrotóxicos

Rosero, por su parte, ha planteado desde la misma perspectiva las consecuencias sobre las mujeres de zonas rurales, que también sufren por el uso indiscriminado de agrotóxicos.

Ha explicado que grandes empresas expanden las fronteras agrícolas, “abusan” de esos productos, contribuyen así con el cambio climático y “afectan la salud de las campesinas embarazadas y de sus hijos ya desde el vientre”.

“América Latina y el Caribe es la región más afectada por el uso de agrotóxicos, somos la región del mundo que más los usa, el 51% de uso global, y la exposición a estos estos agrotóxicos causan muchos daños a la salud reproductiva. Hemos visto evidencia científica sobre daños a la fertilidad, problemas en el embarazo, abortos involuntarios y de hecho representamos el caso de una mujer que sufrió un aborto involuntario y después falleció por intoxicación con glifosato”, recuerda.

El Centro ha pedido a la Corte que prohiba o limite el uso de los agrotóxicos, que “ya casi no se usan en países del Norte Global porque están prohibidas por la Unión Europea o por Estados Unidos y es América Latina quien termina recibiendo estas sustancias”.

“Si la Corte toma en cuenta nuestra recomendación estaría tomando una medida que por un lado previene la emergencia climática, porque disminuiría las gases de efecto invernadero, y por el otro lado sería una medida muy efectiva para proteger la salud reproductiva, en especial de las mujeres en zonas rurales”, enfatiza.

Rosa Guzmán, de la Universidad mexicana de Monterrey, ha pedido a la CorteIDH establecer criterios para “la protección de personas frente a actividades empresariales que violan los derechos humanos”, mediante una regulación más rigurosa sus operaciones.

La organización ecuatoriana Acción Ecológica ha apuntado que, además, se debe responsabilizar a las empresas que “cierran proyectos” tras un desastre y abandonan “sus instalaciones contaminantes”.

El informe de esa red ha mencionado los casos de Brumadinho (2019) y Mariana (2015), ocurridos en Brasil, donde sendas tragedias mineras causaron cientos de muertos y desaparecidos, dejaron miles de desempleados y un inmenso rastro de destrucción aún no reparado. 

El cambio climático y la violencia de género

La abogada del Centro de Derechos Reproductivos explica que otro de los puntos que plantearon ante la CorteIDH fue el de la conexión entre los efectos del cambio climático y la violencia de género.

“Los desastres naturales y la degradación ambiental por lo general causan una serie de desplazamientos de las personas que se ven afectadas. En esos tránsitos es muy usual que la violencia contra las mujeres se incremente porque ellas tienen más probabilidades de sufrir ataques por parte de hombres en esos espacios. En los albergues no se piensa en la situación de seguridad de las mujeres y niñas y cuando se colocan espacios donde las personas pueden pernoctar, no se piensa en que quizás una niña o una mujer puede ser agredida”, señala.

Otro factor es que en estos asentamientos temporales suele haber escasez de agua y lugares para saneamiento adecuado, lo que provoca que las mujeres tengan que desplazarse hacia otros lugares en busca de estos recursos, lo que las expone a mayores peligros como caer en redes de trata de personas.

“Lo que se ha visto en general con los desplazamientos relacionados con la emergencia climática es un incremento de las violencias basadas en género y por lo general también una falta de visión por parte de los Estados de cómo responder”, explica.

“No se están pensando en que las respuestas comunitarias pueden causar una diferencia muy grande en la vida de las mujeres y las niñas”, agrega.

Rosero dice que las consecuencia de los daños ambientales siempre las sufren las comunidades que menos contaminan y que, de hecho, son las que más trabajan en la conservación del medio ambiente, un tema por el que las mujeres en el área rural siempre han luchado.

“Las mujeres, las mujeres racializadas, las mujeres rurales son las que más afrontan las consecuencias del cambio climático, pero a la vez las que menos respuestas obtienen para poder solventar esas dificultades. Entonces queremos que la Corte tenga esa idea diferencial y que responda con obligaciones concretas para los Estados”, afirma.

La búsqueda de la justicia ambiental a escala global

El proceso en la CorteIDH sigue el camino de iniciativas similares presentadas ante otras cortes internacionales. Una fue planteada por la Alianza de Pequeños Estados Insulares al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que la semana pasada estableció que los Estados tienen “obligaciones específicas” y deben prevenir, reducir y controlar la polución marina causada por el efecto invernadero.

Otra acción que propone establecer los “derechos ambientales” tramita en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, impulsada por 130 Estados liderados por Vanuatu, uno de los países insulares más amenazados por el cambio climático.

En el caso de la CorteIDH, tras las sesiones celebradas en abril pasado en Barbados y las realizadas ahora en Brasil, se espera que el tribunal emita su opinión consultiva, no vinculante, a fines de este mismo año. Una decisión que marca jurisprudencia regional y que en anteriores temas, como el del matrimonio igualitario, ha permitido crear leyes para despenalizar la práctica.

Según la CorteIDH, es el proceso más participativo en la historia del tribunal, que ha recibido 262 observaciones escritas de 600 delegaciones, de las cuales 116 fueron escuchadas en las audiencias celebradas en Brasil.



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